Este registro tiene como finalidad concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Entre las implicaciones para las empresas, se establece que toda persona que en razón de su cargo, deba proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, estará obligada a suministrar los datos exactos que le solicite la autoridad judicial competente, y para el caso de no cumplir con tal obligación, será sancionada en los términos establecidos por el artículo 157 de la Ley antes señalada, debiendo además responder solidariamente sobre el pago de daños y perjuicios que cause al acreedor alimentario, por las omisiones o informes falsos, sin perjuicio de las diversas penas impuestas por otros ordenamientos legales.

Por tal motivo, al recibir un oficio relativo a alguna pensión alimenticia de algún trabajador, nuestras recomendaciones son las siguientes:

• Revisar que en el oficio de pensión alimenticia se señale de manera completa y correcta la razón social de la empresa a la que va dirigida.

• Hay que confirmar que la persona que entregue el oficio de pensión sea un funcionario del juzgado, debiendo identificarse como tal, sin que deban recibir documentos que puedan ser entregados por el abogado de alguna de las partes en juicio.

• Proporcionar la información precisa y completa que sea solicitada.

• Identificar plenamente el Juzgado que requiere la información sobre el trabajador, ya que quien entrega la notificación en ocasiones únicamente lo hace en auxilio de diversa autoridad.

Esperamos que información les sea de utilidad y nos ponemos a su disposición para cualquier duda o comentario que puedan tener al respecto de esta.